El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga a una persona de formar parte de una comunidad organizada.

Este concepto de ciudadanía está ligado al derecho, es “el derecho a tener derechos”, sobre todo en lo que se refiere a los derechos políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado (y por extensión del resto de administraciones). Estos Derechos son los que permiten su participación, directa o indirecta, en el gobierno y en su administración a través, entre otros mecanismos, del voto directo para elegir o para competir por cargos públicos, el derecho de asociación y otros que confieren las constituciones políticas de cada estado. Esta facultad surge del principio democrático de soberanía popular.

Las acciones ciudadanas deberían causar cambios que conduzcan a evolucionar y fortalecer a la propia comunidad, participando activamente en organizaciones políticas, sociales, culturales, en organizaciones no gubernamentales a través del voluntariado…, donde se realizan acciones de solidaridad para el bien del conjunto de la población, y en ocasiones también para aquellas que son excluidas de las condiciones de ciudadanía.

Históricamente, la mujer, al igual que los/as niños/as o los/as sirvientes/as, no tenía ningún tipo de ciudadanía, o de derechos ciudadanos. No es hasta el primer cuarto del siglo XX cuando se empiezan a reconocer los derechos de las mujeres en el ámbito político, como el sufragio femenino, y cuando la mujer adquiere una situación de ciudadanía de pleno derecho en la mayoría de los países.

Es por esto que, a este concepto clásico de ciudadanía, que reconoce derechos individuales, se le suman reivindicaciones por los derechos colectivos, a partir de nuevas identidades como son el género, la edad, migrantes y las étnicas, entre otros. Hoy podemos ver demandas de derechos de diferentes grupos que, como tales, presionan al estado para que las políticas públicas incorporen sus identidades particulares y al resto de la sociedad para que reconozca legitimidad a tales identidades.