El gobierno abierto no implica solo transparencia, integridad y participación ciudadana: abarca también nuevas formas de gobernar junto al ciudadano para una mayor eficiencia en el ámbito de lo público.

La participación ciudadana permite que la ciudadanía intervenga en los asuntos públicos a través de la canalización de sus aportaciones, principalmente después de procesos de información y diálogo entre la totalidad de visiones e intereses que tienen presencia en la sociedad. El diálogo social facilita que quienes participan de él transformen sus opiniones iniciales por otras más reflexionadas y colectivas; fomenta la aparición de dinámicas colaborativas en la sociedad civil; y genera confianza hacia las instituciones públicas. 

Con esta dinámica participativa se consigue la complicidad y la colaboración de la sociedad, aspectos que ayudan a lograr la eficiencia y la eficacia en la aplicación de las políticas públicas. Introducir la colaboración es fortalecer el capital social necesario para sacar adelante los proyectos colectivos que la sociedad reclama.

 En última instancia, el reto principal es transitar hacia un modelo de sociedad abierta donde las relaciones entre todos los actores que contribuyen a desarrollar un espacio democrático se funden en la confianza, la apertura y la transparencia, la integridad y el trabajo conjunto. De esta manera, se configuran las bases de una nueva arquitectura cívica sustentada en la responsabilidad y el compromiso compartido entre los gobiernos y sus administraciones públicas, el sector privado y la sociedad civil, con el propósito de fortalecer, en el día a día, el tejido institucional y las prácticas que le dan vida de cara al bienestar colectivo, la justicia y la equidad.